Acceso a la Educación Superior

Las personas con discapacidad ¿tenemos acceso a la educación superior en nuestro país?

Veamos: el artículo 38 de la Ley General de la Persona con discapacidad establece que

las universidades, institutos y escuelas superiores, públicos y privados, deben realizar

con discapacidad, incluida la adecuación de sus procesos de admisión.

En España un total de 23.851 personas con discapacidad estudiaron en las universidades

españolas sólo en el año académico 2020-2021, lo que supuso un incremento de más de

1.000 estudiantes respecto al año anterior y casi duplicar las cifras de hace una década.

Sin embargo, pese a ese importante incremento numérico, los alumnos con discapacidad

en los estudios de grado apenas representan el 1,5% del total.

En el Perú no se maneja una información al respecto, lo que constituye una carencia

lamentable, pero no extrañaría que no lleguemos ni a la cuarta parte de esa cifra, lo que

demuestra todas las dificultades que tenemos para acceder a los estudios universitarios. 

La Universidad Española de Zaragoza afirma que han avanzado mucho, sobre todo a la

hora de realizar las adaptaciones que necesitan estos estudiantes, y hace una reflexión

interesante: la baja representación de personas con discapacidad en la formación universitaria es una consecuencia de lo que ocurre en etapas educativas anteriores:

"final nosotros recibimos lo que hay en las etapas educativas anteriores y el problema es

que muchas veces no nos llegan estudiantes".

Es decir, en España la universidad sí ha asumido su responsabilidad para que las

personas con discapacidad tengan la posibilidad de estudiar en sus centros, pero el

problema es que, si no terminan su educación secundaria, es imposible que lleguen a

niveles superiores.

Según la Fundación Universia, esta es una tendencia que se perpetúa en el tiempo. De

hecho, la proporción de estudiantes con discapacidad se reduce a medida que avanza el

nivel formativo: 1,5% en grado, 1% en posgrado y máster, y 0,8% en doctorado. Esto es

muy significativo, porque, en general, a mayor formación y especialización, mejor

desarrollo.

Ahora bien, a pesar de que España es un gran referente y ejemplo, no dejan de tener

inconvenientes, según datos del quinto estudio Universidad y discapacidad, presentado

por la Fundación Universia en abril de este año, el 20,7% de los estudiantes con

discapacidad afirma haberse sentido discriminado en alguna ocasión a lo largo de sus

estudios universitarios, la mayoría por algún tipo de problema con el profesorado o de

accesibilidad (barreras arquitectónicas, falta de adaptación curricular y de exámenes).

Si hacemos un paralelo con la situación de nuestro país veremos que hay coincidencias

en la problemática, es decir, muchas personas con discapacidad no acaban la educación

secundaria (fruto de una deficiente política de educación inclusiva) y si lo hacen y

logran ingresar se encontrarán también con algún tipo de problema con el profesorado o

de accesibilidad o el rechazo a realizar ajustes razonables para que pueda estudiar sin

inconvenientes y eso hará que muchos se queden en el camino.

A estos inconvenientes debemos sumar en el Perú la total carencia de transporte

accesible lo que dificulta tremendamente el traslado de estudiantes con ciertos tipos de

discapacidad. El Estado ha demostrado torpeza para encontrar una solución a este

problema. Es cierto que a raíz de la pandemia han cobrado fuerza las clases virtuales,

pero abrigamos la esperanza de que esta pandemia termine y, sin perjuicio de que las

clases virtuales se mantengan, se regrese a las clases presenciales cuyo efecto es

totalmente distinto.   

En nuestro país las instituciones universitarias deben elaborar planes de acción, en

relación con la evaluación y desarrollo de planes de accesibilidad universal y diseño

para todos y planes de formación específica para profesores para mejorar su

conocimiento respecto a la realidad de los estudiantes con discapacidad y entiendan el

significado de los ajustes razonables y su aplicabilidad.

Es importante que tanto los centros de estudio como los profesores entiendan la

necesidad de que las personas con discapacidad cuenten con los recursos que necesitan

para acceder a la educación universitaria en un marco de igualdad de oportunidades.