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EL FAMILIAR CUIDADOR

  • Foto del escritor: inprodesdi Org
    inprodesdi Org
  • 17 mar
  • 2 Min. de lectura

La necesidad de contar con una ley a favor del familiar cuidador es imperativa y creo que nadie lo puede objetar, sin embargo los años pasan y pareciera que estamos envueltos en un episodio de la torre de Babel, donde se confundió el lenguaje de los constructores para que no puedan entenderse, causándose división y dispersión.

Las asociaciones y los gremios dialogan con los congresistas, pero pareciera que se hablara de lenguajes diferentes e incluso cuando dialogan gremios con gremios lo que resta uniformidad y nos sumerge en un túnel cuya salida hasta el momento no se encuentra con claridad, creándose frustración e impotencia ante la necesidad de contar con una norma legal completa, coherente y que realmente llene las expectativas de un importante colectivo de nuestra población.


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No deseamos que la situación se parezca a aquella que describe el capítulo 11 del libro del Génesis queremos concordia, diálogo abierto, necesitamos la mayor apertura de todos los actores para corregir errores, para valorar aportes, para tratar de uniformar criterios, eso es muy importante para avanzar.

 

Es fundamental que un Estado emergente, como el nuestro, brinde apoyo a las familias de personas con discapacidad por varias razones cruciales, y entre ellas para garantizar derechos y equidad, las personas con discapacidad tenemos los mismos derechos que cualquier otro ciudadano y el apoyo estatal ayuda a asegurar que estos derechos se respeten, promoviendo la igualdad de oportunidades. Las familias a menudo enfrentan cargas financieras y emocionales significativas, el apoyo estatal puede aliviar estas cargas reduciendo las desigualdades. Una persona con mayores herramientas para asistir a su familiar facilita la inclusión de esa persona con discapacidad en la sociedad, permitiéndoles participar plenamente en la vida comunitaria.

Un familiar con soporte, fortalecido, puede contribuir, aún más, a romper barreras y estereotipos, fomentando una sociedad más inclusiva y respetuosa de la diversidad. Así, una buena norma legal puede impulsar y promover se proporcione acceso a servicios esenciales como atención médica, terapia, educación especializada y asistencia personal. Esto mejora la calidad de vida tanto de la persona con discapacidad como de su familia, permitiéndoles llevar una vida más digna y plena.


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El Congreso bien puede estimular esa cohesión necesaria, debe entender, en toda su dimensión, que apoyar a las familias de personas con discapacidad fortalece el tejido social, demostrando un compromiso con el bienestar de todos los ciudadanos.

Cuando las familias son apoyadas, pueden enfocarse en el desarrollo de sus integrantes, aumentando las posibilidades de que estos también contribuyan al desarrollo del país.

En resumen, el apoyo estatal a las familias de personas con discapacidad es una inversión en una sociedad más justa, inclusiva y próspera.

 
 
 

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