Acceso a la cultura

La Ley de creación del Ministerio de Cultura, Ley Nº 29565, señala en su artículo 5to.

que el Ministerio de Cultura es el organismo rector en materia de cultura y ejerce

competencia, exclusiva y excluyente, respecto de otros niveles de gobierno en todo el

territorio nacional, en la formulación, planificación, dirección, coordinación, ejecución,

supervisión, evaluación y fiscalización de las políticas nacionales y sectoriales del

Estado en materia de cultura, aplicables y de cumplimiento en todos los niveles de

gobierno y por todas las entidades del sector cultura.

Por otro lado, el artículo 7mo. detalla las funciones exclusivas del ministerio,

estableciendo entre ellas la de propiciar la presencia de las diferentes organizaciones

culturales, facilitando el acceso de la población a las mismas.

Sin embargo, pese a la suculenta cantidad de funciones y atribuciones de ese Sector, lo

cierto es que la realidad nos muestra que las personas con discapacidad se enfrentan a

barreras que impiden su total acceso a la cultura. Son evidentes las desventajas

existentes para acceder a la oferta y formación cultural. Si se quiere explorar posibles

soluciones, tenemos que revisar el tema de la accesibilidad, en sus diversos matices y

áreas, el acceso a la tecnología, los TICs,, la facilidad o dificultad económica para que

una persona con discapacidad se nutra culturalmente, la verdadera ejecución y

vigencia de las políticas públicas, tanto las orientadas a la inclusión social, así como las

orientadas al acceso a la cultura.

El tema es amplio, porque involucra analizar la situación de las personas con

discapacidad como consumidores, pero también como productores de cultura. Para

poder ejercer este derecho fundamental necesitamos contar con formatos accesibles.

Cierto es que en algunas universidades hemos observado cambios positivos intentando

ser más incluyentes, pero aún falta mucho. La pandemia también trajo el incremento

de clases virtuales, lo que facilita el acceso a los que tenemos problemas de

desplazamiento sea por falta de transporte accesible u otros inconvenientes. Es

imprescindible que las entidades públicas cumplan con las normas para que sus

contenidos por medio de Internet sean diseñados en páginas, aplicaciones y formatos

accesibles, teniendo en cuenta las directrices de un diseño universal. Tenemos que

entender, ante todo, que estamos hablando de un tema de derechos humanos.

A raíz de la pandemia, se han incrementado las visitas virtuales que permiten recorrer

desde nuestra computadora zonas arqueológicas, museos y exposiciones; esto vino

para quedarse, sin embargo, como señalan las especialistas mexicanas Eneida Rendón

Nieblas y Claudia Camacho Real, dichos paseos no son accesibles porque su diseño no

es compatible con lectores de pantalla, no hay información en lengua de señas, se

carece de descripciones precisas de imágenes para todo público y/o con discapacidad

visual y auditiva, por tanto, no se atiende el principio de diversidad cultural señalado

en la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural, adoptada por la UNESCO en

noviembre del 2001, la cual sirve de eje para diversos acuerdos como la Convención

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Si en realidad queremos hablar de inclusión social en nuestro país, debemos partir por

el respeto a la diversidad.

Hace unos años, la Unión Europea realizó un trabajo de exploración sobre el acceso de

las personas con discapacidad a su entorno social, con el apoyo de diversas entidades,

se analizó el acceso a cines, teatros, salas de conciertos, restaurantes, bares y tiendas,

clubes de deporte e instalaciones deportivas, iglesias y lugares de culto. Esto le

permitió obtener información para el diseño de estrategias sobre la materia, algo así,

podría promover el CONADIS suscribiendo convenios de cooperación con

organizaciones de la sociedad civil, centros tecnológicos y universidades, para iniciar

una campaña de rastreo que permita obtener una data valiosa, no sólo para el diseño

de estrategias sino como insumo para su labor de supervisión y fiscalización.